La otra cara del consumismo

«Debemos hacernos mirar el armario», dice la responsable en España de la red internacional Dignitex, advirtiendo de que, con nuestros patrones de consumo de ropa, las sociedades occidentales somos cómplices de la explotación laboral y la contaminación ambiental en el resto del mundo.

Hace unos 25 años Inditex –la empresa dueña de Zara, Massimo Dutti, Bershka o Pull&Bear–, trasladó buena parte de su producción fuera de Galicia a países donde la mano de obra es más barata y los estándares de producción, menos exigentes. Sometida a un férreo escrutinio, la multinacional española ha sido pionera en la puesta en marcha de una ambiciosa política de responsabilidad social corporativa (RSC). Las alrededor de 7.000 fábricas que trabajan para ella en todo el mundo deben suscribir un estricto código de conducta y la compañía ha firmado un convenio con Comisiones Obreras que permite al sindicato presentarse sin previo aviso en cualquiera de esos centros a inspeccionar.

La realidad sobre el terreno, sin embargo, es más compleja. Cada uno de esos centros de producción debe cumplir unos objetivos de producción inalcanzables, especialmente ante picos de demanda como la Navidad, las rebajas o el Black Friday. En la práctica esto supone que su única alternativa es subcontratar a otros productores, que operan fuera del paraguas de la RSC de Inditex. Así lo afirma Magdalena Pérez de Vallejo, miembro del partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) y representante en España de la red internacional Dignitex, que agrupa a ocho organizaciones de Uzbekistán, Argentina, Marruecos, Reino Unido, México y España aliadas en la denuncia contra la explotación laboral en el textil. Citando datos de un informe difundido por la televisión pública France 2, Pérez de Vallejo pone como ejemplo el caso de India, donde frente a solo 24 talleres legalmente contratados, Inditex se sirve indirectamente de otros 3.000.

Se han presentado denuncias en una docena de países contra la compañía. La última, en Argentina, está promovida por Gustavo Vera, presidente de la asociación La Alameda, integrante de Dignitex.

Pero tampoco en esto la multinacional española es una excepción. Christian Dior, Nike, Benetton o H&M han sido acusadas de las mismas prácticas. «Talleres textiles clandestinos los estamos encontrando en todas partes. ¿Y los dueños quiénes son? ¿Cuáles son las multinacionales involucradas?», se preguntaba recientemente en una entrevista con Alfa y Omega el responsable de Migraciones en la Santa Sede, el sacerdote italiano Fabio Baggio, quien anteriormente trabajó en Buenos Aires con el arzobispo Bergoglio como responsable diocesano de Migraciones, donde el actual Pontífice fijó la lucha contra la trata como una de sus prioridades.

Como diputado en el parlamento local de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Vera, amigo de Jorge Bergoglio, impulsó en la pasada legislatura una legislación contra la trata que, al menos en teoría, obliga a las empresas a documentar la procedencia de cada prenda, asegurando así el control en toda la cadena de producción. «El problema –reconoce a este semanario– es que la mayoría de trabajadores en Argentina no están protegidos por un convenio. Esto explica que haya miles de esclavos en el país».

Pero por escandalosa que sea la situación en Argentina (según la Fundación Walk Free, hay cerca de 40.000 esclavos, de los que buena parte son mujeres víctimas de la explotación sexual), palidece frente a la situación en Asia o África, donde se encuentran los eslabones más débiles de cadenas de producción y mercantilización que llegan hasta los consumidores de los países occidentales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 20,9 millones de personas sufren «trabajo forzoso» en el mundo, no pocas veces vinculado con el pago de deudas. El textil es una de las industrias más problemáticas, con jornadas extenuantes con sueldos de miseria. En India, el Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) ponía como ejemplo el caso de niñas con jornadas de más de 72 horas semanales por 0,88 euros al día, dinero que solo podían cobrar transcurridos entre tres y cinco años y estrictamente como dote matrimonial. Entre las compañías para las que trabajaba este proveedor, se encontraban El Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A e Inditex.

Cómo evitar ser cómplice

Para atajar los abusos en la industria textil, una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en abril insta a la Comisión a legislar para asegurar la transparencia en todas las fases y para proteger a las pequeñas y medianas empresas de la competencia desleal por parte de grandes compañías que no respetan los derechos humanos ni los estándares ambientales en terceros países.

Se ha demostrado que la autorregulación de las empresas no basta, afirma Magdalena Pérez. Y alude al documental Coton: l’envers de nos tee-shirts (Algodón: el reverso de nuestras camisetas), recién estrenado en France 2. La investigación se centra en la iniciativa Better Cotton (Un algodón mejor), que presuntamente garantiza que las prendas se han confeccionado con un algodón producido de forma ética. «El documental saca a la luz lo que esconde esta etiqueta, con la que trabajan empresas como Inditex, Carrefour o Ikea. Estas etiquetas confunden a los consumidores haciéndoles creer que eligen productos respetuosos con el medio ambiente y que cumplen con los derechos laborales de los trabajadores», dice la responsable de Dignitex.

¿Qué puede entonces hacer el consumidor para no ser cómplice involuntario de la explotación laboral más salvaje? Una respuesta es «presionar a las grandes marcas a través del boicot a sus productos para que comiencen a dar pasos en la dirección adecuada, indemnizando a las víctimas de los derrumbes, incendios, explosiones de cadera, trata, explotación y esclavitud…». Prueba de que esta estrategia es eficaz, asegura Pérez de Vallejo, es que el trabajo infantil «se ha reducido drásticamente en los últimos años en el sector textil gracias a la presión social».

Cómo evitar ser cómplice

Para atajar los abusos en la industria textil, una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en abril insta a la Comisión a legislar para asegurar la transparencia en todas las fases y para proteger a las pequeñas y medianas empresas de la competencia desleal por parte de grandes compañías que no respetan los derechos humanos ni los estándares ambientales en terceros países.

Se ha demostrado que la autorregulación de las empresas no basta, afirma Magdalena Pérez. Y alude al documental Coton: l’envers de nos tee-shirts (Algodón: el reverso de nuestras camisetas), recién estrenado en France 2. La investigación se centra en la iniciativa Better Cotton (Un algodón mejor), que presuntamente garantiza que las prendas se han confeccionado con un algodón producido de forma ética. «El documental saca a la luz lo que esconde esta etiqueta, con la que trabajan empresas como Inditex, Carrefour o Ikea. Estas etiquetas confunden a los consumidores haciéndoles creer que eligen productos respetuosos con el medio ambiente y que cumplen con los derechos laborales de los trabajadores», dice la responsable de Dignitex.

¿Qué puede entonces hacer el consumidor para no ser cómplice involuntario de la explotación laboral más salvaje? Una respuesta es «presionar a las grandes marcas a través del boicot a sus productos para que comiencen a dar pasos en la dirección adecuada, indemnizando a las víctimas de los derrumbes, incendios, explosiones de cadera, trata, explotación y esclavitud…». Prueba de que esta estrategia es eficaz, asegura Pérez de Vallejo, es que el trabajo infantil «se ha reducido drásticamente en los últimos años en el sector textil gracias a la presión social».

La otra cara del consumismo

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